Francia da un paso hacia la ley de "vigilancia masiva"
La Asamblea Nacional de Francia aprobó el pasado 5 de mayo el proyecto de la Ley de Información. Una ley que, a pesar de las apariencias, nada tiene que ver con el derecho a estar informado y que ha sido bautizada por sus detractores como la "ley de vigilancia masiva". Tras los atentados de Charlie Hebdo el pasado mes de enero, el primer ministro había anunciado el endurecimiento de la lucha contra el terrorismo.
La ley de Información, que venía gestándose desde hacía dos años, fue aprobada en apenas cinco semanas en un trámite de urgencia y se dirige al Senado, donde será estudiada a principios de junio. Si finalmente se aprueba, ésta será la tercera ley antiterrorista bajo el Gobierno socialista de François Hollande.
Las asociaciones defensoras de derechos humanos aseguran que el objetivo de esta ley no es otro que el de “legalizar” métodos que ya son utilizados por los servicios secretos. “Los agentes del Estado podrán entrar en un domicilio o un vehículo privado para instalar cámaras, micrófonos o dispositivos de geolocalización. Ya no habrá vida privada”, afirmó Geneviève Garrigos, presidenta de Amnistia Internacional Francia.
Uno de los dispositivos más controvertidos es la la utilización del Imsi-Catcher, un aparato que simula una antena y que permite “aspirar” todos aquellos datos de teléfonos y ordenadores que se encuentran en la proximidad, incluidos aquellos ajenos a la misión.
Para el control de los “controladores”, se crea paralelamente una comisión nacional cuyo poder es únicamente consultativo y, por lo tanto, será el primer ministro quién tendrá la última palabra. Sin necesidad del acuerdo de un juez, sólo dependerá del poder político y administrativo.
“Un avance de la Revolución Francesa, como es la separación de poderes, desaparece de un plumazo con esta ley”, aseguró Pourria Amirshahi, diputado del Partido Socialista y uno de los 86 diputados que rechazó esta ley frente a los 438 votos favorables.
El Gran Hermano en las redes
El Ministerio del Interior pretende crear una serie de algoritmos, según unos criterios que quedan en la más estricta privacidad, para desvelar a aquellos “candidatos” al terrorismo. Un criterio “ambiguo”, según las asociaciones por los derechos de los usuarios en la red. Al mismo tiempo, los alojadores web y los proveedores de internet estarán obligados a ofrecer los datos de los sospechosos en tiempo real.
Estos datos de conexión, conocidos como metadatos, pueden aportar información muy valiosa: con tan sólo enviar un email o realizar una llamada, los metadatos muestran la identidad de la persona, el horario y la fecha del envío o la localización desde la que se conectó. De esta manera se dibuja el perfil del “sospechoso” gracias a las páginas que visitamos, con quién nos comunicamos, nuestros amigos, followers y likes en las redes sociales...
El Ministerio insiste en que esta vigilancia no pretende “predecir” delitos sino limitar la vigilancia a aquellos individuos conocidos ya por los servicios secretos. Unos 3.000 aproximadamente, según fuentes gubernamentales, lo que provoca que las fuerzas de inteligencia se encuentren “desbordadas”.
La Comisión Nacional Consultativa de Derechos Humanos alerta del peligro de crear una sociedad “de sospecha general” y se pregunta “¿Cómo se puede proteger la vida privada de las personas cuando todos estamos vigilados?”.
Los casos de Edward Snowden o Julien Assange muestran cuán goloso es el control de los servicios secretos. Estados Unidos con su “Patriot Act”, la “ley patriótica” aprobada en 2001 tras los atentados del 11-M, derivó en las escuchas telefónicas de millones de ciudadanos por parte de la agencia norteamericana de Seguridad Nacional.
Adrianne Charnet, de la asociación Quadrature por los Derechos y Libertades de los Ciudadanos en Internet, lo tiene muy claro: “Tras las revelaciones del exagente Edward Snowden, la sociedad estaba conmocionada al comprobar que un Estado había logrado espiar a todo el mundo y ahora, en lugar de reducir el espionaje, un país como Francia que se presenta a sí mismo como el país de los Derechos Humanos ha tomado un camino que va en contra de esos derechos”.