El presidente socialista, François Hollande, se había comprometido a no desmantelar los asentamientos ilegales de gitanos. Sin embargo, a pesar de ser ciudadanos europeos desde 2007, cerca de 400 rumanos han sido obligados en los dos últimos meses a abandonar el país.
Ante la cantidad de campamentos irregulares gitanos, trece ayuntamientos de izquierdas de la región de París se han unido para bloquear estas expulsiones sin opción a realojo. No obstante, este acuerdo ha sido más simbólico que efectivo y no ha impedido que la policía haya desalojado hasta el momento a 3.000 personas. Uno de los últimos desalojos tuvo lugar en Évry, la ciudad en la que Manuel Valls, ministro del Interior, ha sido alcalde en la última década y en la que han sido desahuciadas un total de 22 familias que vivían desde hacía varios meses junto a las vías del tren.
Por otro lado, el gobierno acaba de anunciar una serie de medidas para la inserción laboral de rumanos y búlgaros. Hasta ahora, estos estaban limitados a una lista de 150 profesiones que podían ejercer en el país y, además, el empresario debía pagar un impuesto por su contratación que ascendía a 700 euros.
El Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (en castellano, Movimiento contra el racismo y por la amistad entre los pueblos) trabaja de cerca con este colectivo: “Rumanía forma parte de Europa, por tanto tienen derecho a circular, pero la normativa les impide trabajar e instalarse en Francia”, afirma Marie Annick. Su colega Yves Loriette añade: “Hay niños que van durante uno o dos años al colegio y de golpe son desalojados. Las asociaciones que colaboran con ellos ven perdido todo su trabajo por culpa de las expulsiones”.
Si en su día la oposición criticó que estas expulsiones degradaban la imagen del país, hoy se amparan en cuestiones humanitarias. La palabra expulsión ha sido sustituida por evacuación y mientras unos defienden la libre circulación de personas, otros alegan cuestiones de seguridad y sanidad pública. En medio de esta disputa dialéctica, 15.000 rumanos gitanos en territorio francés permanecen en el limbo paneuropeo.
Bucarest, destino: París
París es la urbe más visitada del mundo, pero también es el sueño inalcanzable para muchas personas que buscan una mejor vida y que, con ingenuidad, llegan a esta ciudad. La plaza de la Bastilla es un hervidero de jóvenes que disfrutan de las terrazas y de turistas que, cámara en mano, se fotografían junto al gran símbolo de la Revolución Francesa. En su día fue una gran fortaleza que protegía la entrada de extraños a la ciudad. Hoy no hay muros físicos, sino otros de carácter político, económico y social que son casi infranqueables.
En medio de este paraje —no tan idílico—, viven desde hace un año Gheorghe y Esperanza con sus ocho hijos y tres nietos. Divididos en las diferentes calles adyecentes a la gran plaza, como si se tratara de habitaciones, se alojan en una cabina de teléfono, una dársena de autobús y en varios portales de edificios. Todas sus pertenencias están en un carro de supermercado aparcado junto al portal.
Gheorghe, un hombre alto y escuálido con una gran sonrisa, presenta uno por uno a su familia. Los niños miran con asombro. En último lugar señala a su mujer: “Ella, Esperanza. Mia esperanza”. Su compañera sonríe tímidamente, apenas entiende francés. Extiende una manta en la acera, que hace a la vez de cama y de mesa, y todos se instalan en ella. Comienza a llover y corren para protegerse bajo la marquesina que comparten junto a los viajeros que esperan el autobús. “¿Tienes dónde dormir esta noche? Si quieres, puedes quedarte con nosotros”.
Francia retoma las expulsiones
de rumanos gitanos
